¿Ley de Seguridad Interior o Golpe de Estado militar?

Hace más de una década, el ahora expresidente de México Felipe Calderón (2006-2012) declaró una guerra abierta en contra del narcotráfico, desde entonces la intervención militar en tareas policiales se han multiplicado exponencialmente y con ello la violencia y las violaciones a derechos humanos.

El riesgo de que la llamada “Ley de Seguridad Interior” sea aprobada para legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es que “el aparato castrense se expandiría y cada vez más funciones pasarían a órganos militares” y esto no sólo no resolverá el problema, sino posiblemente lo agravará, así lo advierten activistas, académicos, organizaciones no gubernamentales y algunos legisladores.

Varias organizaciones han destacado que existen evidencias de “graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares” desde que las fuerzas armadas se han involucrado en asuntos que deben ser atendidos por la policía.

Estas organizaciones, entre las que se encuentra Amnistía Internacional, han advertido que de aprobarse esta ley, el Ejército tendría “carta abierta” para realizar tareas de fiscalía, detenciones e inteligencia, además de usar “cualquier método de recolección de información”. Incluso algunos legisladores han hablado de que se podría abrir la puerta para que ejércitos extranjeros realicen actividades en México. Además del alto riesgo de generar una nueva escalada de violaciones a los derechos humanos, esta ley permitiría un avance en la indeseable militarización de la vida, los espacio públicos y posiblemente el poder político, además de someter a las instituciones castrenses a un desgaste mayor del que han sufrido en la última década.

La experiencia de los últimos diez años ha demostrado que el despliegue militar ha sido “riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia desencadenada desde la implementación de la estrategia de seguridad contra el narcotráfico” además de que “la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México”.

A pesar de la criticas, la aprobación de la ley se ha vuelto una prioridad para el grupo parlamentario del PRI, así lo manifestó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Cesar Camacho, quien confía en que el dictamen sea llevado al pleno y aprobado en el actual periodo ordinario de sesiones.

“Estamos, prácticamente, a la mitad del primero de tres meses del periodo ordinario, y los priistas, y creo que los partidos con los que hemos construido planteamientos en común tenemos la esperanza fundada que en este mismo periodo tengamos en la Cámara de Diputados este dictamen llevado al pleno y aprobado”, expresó.

A continuación la reproducción integra de una lista publicada por la revista Expansión en la que se detallan las preocupaciones que expertos, activistas y legisladores apuntan:

1. PERMITE ABUSOS

Especialistas criticaron el concepto de “Uso legítimo de la fuerza” incluido en las propuestas de Camacho y Gil, ya que permitiría a las fuerzas armadas ejercerla para “repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave”.

El secretario de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Juan Francisco Torres Landa, consideró que esta definición equivaldría a emitir un “cheque al portador” para los efectivos desplegados en las calles.

“Quiere decir que en cualquier supuesto las fuerzas armadas pueden hacer uso de su potencial y capacidad destructiva”, resaltó.

El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo Lajous dijo a Aristegui en vivo que la legislación, como está planteada, posibilita “militarizar cualquier cosa a contentillo”.

“Este proceso legislativo no puede ser una herramienta para que las fuerzas armadas tengan una ley a través de la cual se garantice la impunidad”, comentó a su vez el director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), José Antonio Guevara.

La académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Denise Dresser, añadió que este tipo de “redacciones ambiguas” puedan ser aprovechadas para la represión social.

“Es un eufemismos que abre la puerta para que pueda haber involucramiento del Ejército aún en marchas pacíficas contra todos los temas que motivan a la gente a salir a la calle en estos tiempos, de una democracia a la que pondría serias e importantes comillas”, señaló.

2. FORTALECE AL PODER MILITAR

Sobre esto, Alejandro Lajous advirtió que esta propuesta traspasa facultades a las fuerzas armadas sin un adecuado control del Poder Ejecutivo.

“Sin equilibro entre el gobierno civil y (mlitar), va a continuar este proceso de expansión del aparto castrense donde cada vez más funciones civiles —capitanía de puertos, procuración de justicia, seguridad pública, adicciones— pasan de los órganos civiles a los militares. Esa tendencia es sumamente preocupante”, explicó.

Dresser agregó que estas funciones se sumarían a otros elementos que han fortalecido a los militares.

“Nos preocupa que se está revirtiendo la tendencia, la superioridad o el control civil por encima de los mandos militares, en una coyuntura en la cual los mandos militares han cobrado fuerza en términos presupuestales y de libertad de actuación y de aislarse la rendición de cuentas y actuar extralegalmente”, afirmó.

El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, enfatizó que empoderar más a dichas instituciones “pondría en riesgo la estabilidad de las relaciones cívico-militares, que es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho”.

A su vez, Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), coincidió en que hoy se está en proceso de invertir por completo la ecuación de la sujeción de las fuerzas armadas a las instancias civiles.

3. INCOMPATIBLE CON TRATADOS INTERNACIONALES

Aguirre, del Centro ProDH, remarcó la contradicción entre la regularización de las fuerzas armadas en labores de seguridad con lo establecido en la Constitución, que señala que “las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil”.

“Nuestra Constitución no faculta expresamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad interior”, puntualizó.

Además, el activista aseguró que este proyecto legislativo no es compatible con tratados internacionales y calificó como “híbrido y ambiguo” el concepto de seguridad interior, debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó desde 2009 que dicho concepto “es propio de regímenes autoritarios”.

“Diluye la frontera entre la seguridad nacional —como tarea encargada a las fuerzas armadas— y la seguridad pública o ciudadana —como tarea de las autoridades civiles”, abundó.

La directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México, Tania Reneaum, recordó que organismos internacionales como la propia CIDH, pero también diversos mecanismos de Naciones Unidas han emitido múltiples recomendaciones a México, que no están contemplados en la legislación.

4. ESTRATEGIA SIN ÉXITO

Édgar Cortez, del IMDHD, destacó que esta iniciativa se encamina a la misma estrategia emprendida hace 10 años de emplear a las fuerzas armadas en la lucha contra los cárteles, y que —desde su balance— no ha resultado efectivo en la reducción de la violencia ni en el acotamiento a la delincuencia organizada.

“Llevamos más de una década con este mismo proceso. Los resultados no son optimistas ni esperanzadores, y seguir haciendo lo mismo va a significar una situación todavía más grave para México en los años próximos”, indicó.

5. NO FORTALECE A LA POLICÍA

Torres Landa, de México Unido Contra la Delincuencia, añadió que los legisladores dejan de lado el fortalecimiento de las Policías.

“Queremos que (las fuerzas armadas) sean una fuerza accesoria de la fuerza civil, que la seguridad pública recaiga —como dice la Constitución— en las fuerzas civiles. Por su puesto que no estamos proponiendo que mañana desaparezcan las fuerzas armadas de las calles, porque hemos acumulado tal nivel de deterioro y falta de capacitación, que eso sería irresponsable. Pero sí tenemos que fijar un plazo en el cual gobernadores, presidentes municipales y por supuesto el presidente, recuperen su obligación de capacitar y poner a las fuerzas policiacas al nivel que les corresponde”, afirmó.

6. AFECTA LA PRIVACIDAD

Jesús Robles Maloof, de Enjambre Digital, alertó que las previsiones de la iniciativa sobre posible intervención de comunicaciones representan “un peligro para la libertad de internet y la privacidad de las telecomunicaciones”.

“(La iniciativa de Camacho) equipara las tareas de inteligencia nacional, donde se requieren capacidades extraordinarias, a las tareas de inteligencia en seguridad interior. El artículo 28 dice que para la recolección de información se podrá ‘hacer uso de cualquier técnica o método’. Las medidas de control no son las previstas en la Constitución para las comunicaciones privadas, porque las equipara a las de seguridad nacional, donde los mecanismos de control no existen”, detalló.

Guevara, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, también criticó que la propuesta del priista plantee que “la información que se genere con motivo de la aplicación de la ley será considerada de Seguridad Nacional”, por lo que puede ser clasificada para evitar su acceso a través de transparencia.

“Eso va a dificultar cualquier tipo de rendición de cuentas, tanto la social mediante las solicitudes de acceso a la información, como la de las responsabilidades de violaciones a derechos humanos y administrativas”, advirtió.

Tania Reneaum, de Amnistía Internacional, resaltó la importancia de incluir mecanismos de transparencia en este tipo de actuaciones, contrario a lo que se propone.

“No vemos en ninguna de estas iniciativas verdaderos pesos y contrapesos. Sabemos perfectamente, porque han sido documentados en diversas actuaciones, que cuando el Ejército comete violaciones a derechos humanos hay un estado críptico hacia la rendición de cuentas y respecto a la forma como se tendría que hacer visibles a las personas responsables”, señaló.

El activista agregó que la iniciativa de Camacho también obliga a los organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros, a entregar “información que les requieran las autoridades que intervengan en los términos de esta ley”.

 

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